El Congreso ha dado luz verde a la ley de movilidad sostenible, tras meses de debates y negociaciones tensas. La aprobación se logró con 174 votos a favor, 170 en contra y 4 abstenciones de Podemos, tras un acuerdo de última hora que condiciona el respaldo político.
Este hito desbloquea la posibilidad de acceder a aproximadamente 10.000 millones de euros en fondos europeos para transformar el transporte y la movilidad urbana según criterios verdes.
Una de las encrucijadas para su aprobación fue el conflicto sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat. Podemos exigió que esta ampliación cumpla criterios medioambientales estrictos para prestar su abstención. Parte del acuerdo incluye que dicha ampliación quede fuera del DORA III hasta 2031, aunque el Gobierno sostiene que no habrá retrasos sustanciales.
Qué establece la ley de movilidad sostenible
Esta normativa introduce reformas ambiciosas y de gran calado en cómo se diseña, financia y regula la movilidad en España. Algunas de sus medidas claves:
- Reconoce la movilidad sostenible como un derecho ciudadano y busca garantizar un acceso más justo e inclusivo.
- Obliga a empresas con más de 200 trabajadores a elaborar planes de movilidad sostenible en un plazo de dos años, con incentivos al uso del transporte público, la bicicleta, el coche compartido o caminar.
- Impulsa puntos de recarga para vehículos eléctricos y promueve la electrificación de flotas y estaciones de transporte.
- Plantea limitar vuelos nacionales en rutas con alternativa ferroviaria de menos de 2,5 horas y recuperar trenes nocturnos europeos.
- Reformula las etiquetas medioambientales de la DGT para que reflejen mejor las emisiones reales de CO₂ y otros contaminantes.
- Crea un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, así como un Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM) para coordinar datos entre administraciones, operadores y actores del transporte.
- Plantea la creación de un fondo estatal para financiar proyectos locales de movilidad sostenible, llamado FECMO.
Avances, críticas y puntos oscuros
Avances
- La aprobación de la ley supone un marco jurídico exigible para políticas de transporte sostenible, algo que hasta ahora dependía de normativas locales fragmentadas.
- La condicionalidad de los fondos europeos impulsa que se implementen proyectos desde ya, pues muchas inversiones municipales deberán alinearse con esta normativa.
Críticas y desafíos
- Organizaciones como Fundación Renovables denuncian que el texto carece de objetivos cuantificables de descarbonización, lo que debilita su ambición climática real.
- El umbral para que empresas tengan que presentar planes de movilidad es alto: solo aquellas con más de 500 empleados (o 250 por turno) estarán inicialmente obligadas, lo que deja fuera muchas pequeñas y medianas empresas.
- El proceso legislativo ha sufrido paralizaciones y cambios continuos: comisiones desconvocadas, plazos prorrogados y trámites dilatados.
- El compromiso ambiental vinculado al aeropuerto de El Prat ha sido percibido por algunos como una concesión política más que una medida estructural de transporte sostenible.
Qué implica para la vida cotidiana
Para los ciudadanos y las ciudades, esta ley puede promover transformaciones tangibles:
- Aumento del uso del transporte público, con mejoras en frecuencia, tarifas, accesibilidad y electrificación.
- Incentivos reales al uso de la bicicleta y modos activos, con infraestructuras adecuadas.
- Reducción del tráfico urbano, emisión de gases y congestión, con zonas de bajas emisiones más efectivas.
- Más opciones multimodales de desplazamiento: combinación de trenes, buses, modos eléctricos.
- Mayor inversión en movilidad rural, garantizando que zonas con menos densidad poblacional no queden desconectadas.
Lo que queda por hacer
Que el Congreso haya aprobado la ley de movilidad sostenible es sólo el punto de partida. Para que tenga impacto real, será necesario:
- Que el Senado valide la ley sin recortes significativos.
- Que las comunidades autónomas, municipios y áreas metropolitanas la adopten con fuerza, no solo como texto legal sino como política activa.
- Que los planes de movilidad y proyectos municipales reciban apoyo financiero, técnico y seguimiento a largo plazo.
- Que el compromiso medioambiental no sea simbólico: se necesitan metas vinculantes de reducción de emisiones en transporte.
- Impulsar participación ciudadana: vigilancia social sobre su implementación, rendición de cuentas y exigencia de cumplimiento.
La aprobación de la ley de movilidad sostenible marca un antes y un después en la política de transporte en España. Pero no basta con firmarla: el verdadero desafío será convertirla en calles habitables, ciudades limpias y una movilidad justa al alcance de todas las personas.
